Congreso Nacional asegura que no busca limitar accionar del Tribunal Superior de Cuentas

Las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que se discuten en el Congreso Nacional (CN) han abierto una nueva polémica de discusión entre ese poder del Estado y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH)

La controversia se desató porque la Maccih cuestionó que las enmiendas que se encuentran en segundo debate en el seno de la cámara legislativa debilitan las atribuciones de auditoría y fiscalización del TSC y la independencia del Ministerio Público (MP)

Sin embargo, desde el Poder Legislativo salieron al paso y expresaron que las reformas no generan impunidad y que, por el contrario, se fortalece la capacidad institucional del TSC “para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público, evitando llegar al daño causado”.

El dictamen indica que con las reformas “se crea, además un estamento de controles preventivos, que obligatoriamente deben aplicarse en todas las institucionales públicas para detectar condiciones de percepción de debilidades administrativas y de conductas de los funcionarios antes de que se llegue al daño causado.”

Controversia

Uno de los puntos que ha causado mayor controversia y debate entre la Maccih la sociedad civil y el Congreso es la supuesta supresión de seis incisos del artículo cinco de esa legislación.

En el dictamen que tiene en su poder la Maccih aparecen eliminados seis incisos del artículo número cinco de la enmienda.

“La eliminación de estos incisos supondría que el TSC no podría auditar ni fiscalizar fondos de concesionarios privados, las alianzas público-privadas (APP), las privatizaciones de las empresas del Estado y los fideicomisos, así como recursos estatales ejecutados por Organizaciones no Gubernamentales”, interpreta la Misión.

De su parte, la Asociación para un Sociedad más Justa (ASJ), en un análisis hecho al paquete de reformas advierte que “quizá esta sea una de las reformas que más riesgos de impunidad pueda producir.”

Una de las problemáticas actuales es la falta de auditoría a los fondos de ONG, fundaciones y asociaciones que ejecutan fondos públicos , establece el documento, coincidiendo con el posicionamiento de la Maccih.

Existen más de 70 fideicomisos públicos, existen importantes concesiones que generan ingresos públicos y administran el patrimonio público, explica el análisis.

Reacción

El Heraldo se contactó con el secretario del Congreso Nacional, el diputado José Tomás Zambrano, quien aseveró que las reformas son positivas para el ente contralor.

“Lamentos que la Maccih haya emitido un comunicado sin leer detenidamente el documento que está siendo objeto de discusión en el Congreso Nacional, y que contiene las reformas a la Ley Orgánica de TSC, tampoco ha hecho un cotejo con la legislación vigente para conocer el alcance de la reforma”, declaró el congresista.

Expresó que en su comunicado la Misión establece puntos que han sido señalados erróneamente, por lo que es recomendable invitarlos que vengan al CN a conocer y reunirse con la comisión de dictamen.

“No es cierto, se puede comprobar con la simple lectura del proyecto, que es el artículo mandan, en ese artículo se señala que del artículo cinco lo único que se está modificando es el numeral seis, los demás numerales no se están modificando, mucho menos suprimiendo.”

Al modificar el numeral seis, lo único que se hizo fue actualizarlo en relación al nombre que tienen en la actualidad algunas instituciones que ya no existen como tales, como la Procuraduría del Ambiente.

No obstante, en la reforma se incluye como ente objeto de fiscalización del Tribunal Superior de Cuentas a la Superintendencia de Alianza Público-Privada, que cuando se creó la ley de dicho Tribunal no existía. Igualmente, se incluyó al Tribunal Supremo Electoral, pues en la versión original decía Tribunal Nacional de Elecciones

Otro punto de controversia para la Maccih es la reforma del artículo 86, que según el ente de la OEA demora los procesos administrativos dentro del TSC.

El criterio de la Maccih es que con la enmienda se extienden los plazos para la presentación de informes de auditoría de 15 a 90 días hábiles para dictar resolución definitiva.

El estudio de la Maccih señala que el segundo párrafo de ese mismo artículo 86 se permite al pleno del TSC otorgar una prórroga sin límite de tiempo para emitir resolución sobre los pliegos de responsabilidad, sin un protocolo causal que lo justifique, este extremo de la reforma puede traer consigo vicios sustantivos de impunidad.

En relación a esta enmienda, el Congreso Nacional aseveró que este extremo tampoco es cierto, pues en la reforma se establece un plazo máximo de dos meses.

El párrafo segundo del artículo 86 cuestionado por la Maccih literalmente señala que “no obstante lo anterior, las resoluciones podrán dictarse después del plazo señalado por excusas debidamente justificadas, el cual no puede exceder de dos meses; lo cual se debe consignar en la resolución respectiva”.

“Es falso que se diga que el párrafo no señala límite de tiempo”, expresó Zambrano

 

Leer más de El Heraldo HN aquí